• El Grupo de Prisiones ha participado y actuado en diversas acciones relacionadas con los derechos de la población reclusa.
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  • Sentencia T-388 de 2013. Corte Constitucional:  El Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) contó con la valiosa participación de Manuel Iturralde - Director del Grupo de Prisiones, en la interposición de acciones de tutela. Ellas estaban encaminadas a la protección y amparo de derechos fundamentales como dignidad, salud y vida de algunos internos del Establecimiento Carcelario "La Modelo" en la ciudad de Bogotá. La Sala de Revisión de la Corte Constitucional examinó 9 expedientes de diferentes ciudades del país (Cúcuta, Valledupar, Bogotá, Medellín, Popayan y Barrancabermeja) referentes a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, salud, integridad personal y a la reintegración social de la población reclusa. Sin duda alguna, ello conllevo a que la Corte Constitucional declarará nuevamente que el Sistema Penitenciario y Carcelario se encuentra en un estado de cosas inconstitucional contrario a la Constitución de 1991. Igualmente ordenó al Gobierno la toma de medidas adecuadas y necesarias para superar ello.

  

  • Sentencia C-370 de 2014. Corte Constitucional:   El Grupo de Prisiones, bajo la dirección de Manuel Iturralde y Libardo Ariza, elaboró un Amicus Curiae, que fue estudiado en la sentencia C-370 de 2013, en la cual se discutía la inexequibilidad del artículo 12 de la ley 1537 de 2012. Se apoyó la demanda de inconstitucionalidad y se solicitó la declaratoria de inexequibilidad, entre otras razones, porque la norma acusada contenía un ingrediente de estigmatización contra personas privadas de la libertad. Finalmente la decisión de la Corte Constitucional fue la declaratoria de inexequibilidad de dicha norma.

 

  •  Intervención en Acción de Tutela sobre el derecho al agua:  El 16 de junio de 2015, se aportó un Amicus Curiae al Juzgado 56 Penal del Circuito OIT. En dicho documento, se elabora un estudio en el que se trata  temáticas propias del derecho fundamental al agua. Además de ello, se explica conforme a estudios de diferentes entidades, como el diseño arquitectonico y la estructura propias de las carceles no contribuyen al efectivo uso y goce del agua por parte de las personas privadas de la libertad, que conlleva indubitablemente a la vulneración de otros derechos fundamentales como salud, vida, dignidad, entre otros.