SENTENCIA TEMA
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Quinta
C.P. Alberto Yepes Barreiro
02 de junio de 2016
En esta providencia, el Consejo señaló que deben ser asistidas las necesidades de los accionantes, toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la salud es considerada un servicio público y un derecho fundamental a la vez, por lo cual debe ser garantizado a toda la población colombiana sin distinción alguna. En el caso de los reclusos, dicha obligación recae en manos de las autoridades carcelarias, pues cuando una persona es privada de su libertad por parte del Estado éste debe asumir la responsabilidad de garantizar al recluso su derecho a la salud, a través de las correspondientes autoridades carcelarias. Esto, pues conforme con el artículo 104 de la Ley 65 de 199322 las autoridades carcelarias tienen la obligación de garantizar a los reclusos no solo una atención médica oportuna y eficiente, sino que, además, deben asegurar que los procedimientos médicos requeridos por el interno sean efectivamente realizados. Con base a esto, la Corporación decide proteger el derecho fundamental a la salud de los internos e internas del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Sincelejo, ordenando que el centro carcelario brinde los servicios médicos correspondientes, realizando (i) una priorización de patologías que se presentan en el penal de Sincelejo (ii) las gestiones necesarias para que los internos e internas referidos y que presenten actualmente algún tipo de patología o necesiten de los servicios de salud en el establecimiento, de conformidad con la priorización y el respectivo tratamiento integral.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Hernán Andrade Rincón
11 de septiembre de 2015 
Procedencia del Habeas Corpus cuando se configura una vía de hecho. 
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
27 de mayo de 2015
En esta sentencia, la Corporación concluyó que es responsabilidad de las Entidades del Estado actuar en pro de proteger los derechos fundamentales, y el adecuado cumplimiento de los principios y fines del Estado Social de Derecho. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 1709 de 2014 buscó la protección de los derechos de los reclusos, estableciendo mecanismos y procedimientos que impidan los hacinamientos en las cárceles del País, se han implementado unas posibles soluciones, en especial con este centro carcelario. Por lo cual, el someter a las personas privadas de la libertad a condiciones de reclusión indignas y violatorias (a través de las condiciones de hacinamiento e indignidad) de los derechos fundamentales más básicos, es una conducta proscrita del estado social y democrático de derecho. Por lo cual, para el Consejo es claro que existe un estado de cosas que es contrario al orden constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades competentes, ejerciendo las competencias que se tienen para ello en democracia, dentro de un plazo de tiempo razonable, y de manera transparente y participativa.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
27 de mayo de 2015
En esta providencia, la Corporación sostuvo que las condiciones de hacinamiento y de indignidad en que se tiene recluida a la mayoría de las personas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano constituyen un estado de cosas inconstitucional. Por lo cual, es responsabilidad de las entidades del estado actuar en pro de proteger los derechos fundamentales, y el adecuado cumplimiento de los principios y fines del estado social de derecho. Así, las condiciones de hacinamiento y de indignidad en que se tiene recluida a la mayoría de las personas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano constituyen a la luz de la jurisprudencia constitucional, un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ramiro de Jesús Pazos
29 de abril de 2015 
Indemnización por revocatoria sin trámite legal del subrogado penal de libertad condicional. 
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
23 de octubre de 2014 
Hacinamiento en cárceles. La prohibición de ingreso de nuevos reos a los penales resulta desproporcionada.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo
09 de octubre de 2014
En este caso, el Consejo resolvió una situación en la cual se produjo la muerte del Director del penal Pérez Camacho, cuyas circunstancias de gravedad y amenaza fueron conocidas por el Director General del INPEC. En este caso, el Consejo determinó que la Indiferencia del INPEC pone al descubierto que el estado de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del país acostumbró a las autoridades penitenciarias, al punto de que nada les asombra, al punto que en este caso si bien existían indicios de amenaza contra la víctima, el INPEC omitió implementar las medidas de protección necesarias para evitar la muerte de aquella. En ese sentido, la Corporación anotó que si bien la víctima no solicitó en forma expresa una especial protección a las autoridades, por haber recibido amenazas, la administración estaba obligada a brindarle protección, dado que en ese caso existían serios indicios de que el funcionario estaba siendo amenazado, de modo que la omisión en que incurrió el instituto accionado es evidente. En este sentido, es claro que lo que compromete la responsabilidad de la administración es la ausencia de medidas que habría tenido que adoptar la entidad pública demandada para lograr imponer la ley en la Cárcel de Florencia y, por lo mismo, proteger a quienes, por razón de sus funciones, se expusieron a un riesgo considerablemente mayor al que se somete el director de un establecimiento carcelario en el que impera la Constitución y la ley.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Danilo Rojas Betancourt
28 de agosto de 2014
En este caso, el Consejo determinó que el daño acreditado se produjo en virtud de las condiciones de detención, particularmente, de las dificultades encontradas por el actor para acceder a los servicios sanitarios (…) dificultades que de ninguna manera pueden considerarse como inherentes a la privación de la libertad y, por ello, el daño resultante es imputable al establecimiento carcelario en el marco del régimen objetivo de responsabilidad (…). Asimismo, estableció que el régimen bajo el cual se estructura la responsabilidad del Estado por los daños causados por cuenta de la reclusión, pero que no pueden considerarse como inherentes a la misma, es el objetivo, régimen que ha encontrado un campo de aplicación privilegiado en los eventos de afectaciones a la vida y a la integridad psicofísica de los detenidos, pero que puede extenderse a todos los demás casos en los que el daño cuya indemnización se demanda es el resultado de la vulneración de derechos que de ningún modo pueden entenderse limitados, restringidos o suspendidos por la privación de la libertad, como es el caso de la dignidad humana. Ulteriormente, la teoría de la falla presunta fue abandonada en forma definitiva por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en su lugar se señaló que se le imputaba responsabilidad al Estado por los daños padecidos a causa de la muerte o lesiones de quienes se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios, siempre que el Estado incumpliera los deberes de vigilancia y custodia que el ordenamiento jurídico le imponía. En este caso, la Sala consideró igualmente demostrada la imputación jurídica del daño al INPEC, en atención a que dicho instituto tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ramiro Pazos Guerrero
26 de junio de 2014 
Privación injusta de la liberta. La captura debe sujetarse a los lineamientos  de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Mauricio Fajardo Gómez
30 de abril de 2014 
Privación ilegal de la libertad-la reparación por privación injusta de la libertad procede en casos de caución, si el sindicado es absuelto.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo
27 de marzo de 2014 
Reparación por privación injusta de la libertad no procede por absolución distinta a la del juez natural
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Hernán Andrade Rincón
26 de febrero de 2014 
Error jurisdiccional-La fiscalía debe practicar, recaudar y examinar de manera exhaustiva todas las piezas procesales con el fin de verificar la identidad de los autores del hecho punible.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda
C.P. Alfonso Vargas
13 de febrero de 2014 
Retiro del servicio a dragoneante del INPEC
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera

C.P. Mauricio Fajardo
29 de enero de 2014
Apelación sentencia – acción contractual contrato de suministro
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo
Bogotá D.C. 29 de agosto de 2013 
Responsabilidad del Estado por la muerte o lesiones ocasionadas a quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Bogotá D.C. 30 de enero de 2013
Acción de reparación directa donde se demandó a la Policía Nacional.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo
Bogotá D.C. 3 de diciembre de 2012
Se declara patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Mauricio Fajardo Gómez
Bogotá D.C. 25 de agosto de 2011
Responsabilidad del Estado por la muerte o lesiones ocasionadas a quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Stella Danilo Rojas Betancourth
Bogotá D.C. 30 de junio de 2011
Obligaciones de custodia y vigilancia de la autoridad carcelaria respecto de la salud de los reclusos
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Mauricio Fajardo Gómez
Bogotá D.C. 26 de mayo de 2010
Responsabilidad del Estado por la muerte o lesiones ocasionadas a quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Myriam Guerrero Escobar
Bogotá D.C. 25 de febrero de 2009 
Obligaciones del Estado frente a las personas sometidas a una situación especial de sujeción: de hacer y de prever
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Myriam Guerrero Escobar
Bogotá D.C. 11 de febrero de 2009 
Obligaciones de custodia y vigilancia de la autoridad carcelaria respecto de los reclusos y de control del centro carcelario.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Enrique Gil Botero
Bogotá D.C., 28 de enero de 2009 
Obligación del Estado de garantizar condiciones de dignidad del recluso
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ruth Stella Correa Palacio
Bogotá D.C., 23 de abril de 2008 
Responsabilidad del Estado por la muerte o lesiones ocasionadas a quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Mauricio Fajardo Gomez
Bogotá D.C., 23 de abril de 2008 
Régimen de responsabilidad aplicable por parte del Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Mauricio Fajardo Gomez
Bogotá D.C., 3 de mayo de 2007 
Régimen de responsabilidad en establecimiento carcelarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ruth Stella Correa Palacio
Bogotá D.C., 1 de marzo de 2006 
Obligación del Estado de protección y seguridad de los retenidos.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ricardo Hoyos Duque
Bogotá D.C., 24 de junio 2004 
Responsabilidad del Estado por los retenidos: de hacer y no hacer
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ricardo Hoyos Duque
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2004 
Obligación del Estado de protección y seguridad de los retenidos.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ricardo Hoyos Duque
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2004 
Responsabilidad del Estado de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas: retenidos
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. María Elena Giraldo Gómez
Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2002 
Obligaciones del INPEC como máxima autoridad carcelaria
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. María Elena Giraldo Gómez
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2002
En esta providencia, la Corporación encontró probado que las víctimas habían informado a los guardias del centro penitenciario sobre las amenazas que pesaban contra sus vidas (previsibilidad), y en esa medida nació para el Estado una exigencia mayor de diligencia en la obligación especial de protección de seguridad. Sin embargo, cuando la Cárcel del Distrito Judicial dio cumplimiento a la solicitud de traslado hecha por la Fiscalía 35 de Fresno y al día siguiente se dispuso el traslado de los hermanos Reinosa fueron transportados en un bus de servicio público de la Empresa Arauca, pese a la existencia de dos vehículos en el centro carcelario para la remisión de presos y la prohibición administrativa. Por lo tanto, el Consejo encontró indudable que la falla administrativa se dio por omisión en sus deberes de seguridad en la vigilancia, acrecidos por la situación conocida de amenaza frente a las vidas de los reclusos.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. María Elena Giraldo Gómez
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2001 
Acción de reparación directa
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ricardo Hoyos Duque
Bogotá D.C., 30 de novimbre de 2000 
Deber de protección del Estado: alcances
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez
Bogotá D.C., 2 de marzo de 2000 
Régimen de responsabilidad aplicable en casos de daño causado.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Ricardo Hoyos Duque
Bogotá D.C., 24 de junio de 1998 
La obligación del Estado en relación con los retenidos es una obligación de resultado. El Estado solo se exonera frente a una causa extraña.
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. José Hernández Carriloo
Bogotá D.C., 17 de junio de 1998 
Régimen aplicable en casos de personas retenidas: obligación de resultado
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
C.P. Consuelo Sarria Olcos
Bogotá D.C., 14 de febrero de 1995 
Responsabilidad del Estado por daños causados por funcionarios públicos: Policía Nacional
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Juan de Dios Montes Hernández
Bogotá D.C., 30 marzo de 1993 
Falla del servico penitenciario
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Juan de Dios Montes Hernández
Bogotá D.C., 3 junio de 1993 
Falla del servico penitenciario
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Julio César Uribe Acosta.
Bogotá D.C., 4 de noviembre de 1993 
Reponsabilidad del Estado por el estado de los reclusos dentro establecimientosn penitenciarios
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Juan de Dios Montes Hernández
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 1993 
Falla del servico penitenciario; obligación de resultado; derechos de los internos
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
C.P. Jorge Valencia Arango
Bogotá D.C., 21 de agosto de 1993 
Obligación del Estado de responder por el bien de las personas retenidas