CASO

SENTENCIA/RESOLUCIÓN

TEMA

Caso Gangaram Panday  contra Surinam
Sentencia 21 de enero de 1994 (fondo, reparaciones y costas) Derecho a la libertad personal, integridad personal y protección judicial
Casi Neira Alegría y otros Vs. Perú Sentencia de 19 de enero de 1995 y Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 párr. 195; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú.   En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.
Caso Cesti Hurtado contra Perú
Sentencia de 29 de septiembre de 1999 (fondo) Indebida privación de la libertad, Habeas Corpus, fuero militar
Caso Trujillo Oroza contra Bolivia
Sentencia de 26 de enero de 2000 (fondo) Protección y garantías judiciales, derecho a la integridad de la persona, y tortura
Caso    Durand y          Ugarte Sentencia de 16 de agosto de 2000 El Estado debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para la protección de los derechos y libertades de todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción, lo cual se torna aún más evidente en relación con quienes estén involucrados en procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana.
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. La Corte, por su parte, ha reiterado que “una persona ilegalmente detenida [...] se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad.
Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Trinidad y Tobago
Sentencia de 21 de junio de 2002
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Pena de muerte obligatoria

Facultad del indulto, Condiciones de detención, Juicio justo
Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras Sentencia de 7 de junio de 2003. El Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. Como lo ha señalado este Tribunal “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.
Caso Bulacio contra Argentina
Sentencia de 18 de septiembre de 2003
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Garantías judiciales y acceso a recursos idóneos / Prácticas administrativas
Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 07 de julio de 2004. Que ante la gravedad de la situación que impera en la Cárcel de Urso Branco es preciso que el Estado tome de forma inmediata todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos a la vida y a la integridad física se preserven, independientemente de cualesquiera otras medidas que se adopten paulatinamente en materia de política penitenciaria.
Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre de 2004 y Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 150. Asimismo, como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos.
Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina y Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II respecto Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2004 y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, considerando 9 Que el artículo 1.1 de la Convención consagra el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. La Corte ha estimado que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Caso Acosta Calderón contra. Ecuador
Sentencia de 24 de junio de 2005
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Garantías judiciales; libertad personal; derecho al un debido proceso
Asunto de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el "Complexo do Tatuapé” da FEBEM respecto Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005.  : […] Además, “[e]n todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse un registro completo y fiable de la siguiente información relativa a cada uno de los menores admitidos: a) Datos relativos a la identidad del menor; b) Las circunstancias del internamiento, así como sus motivos y la autoridad […] que [lo] ordenó; c) El día y hora del ingreso, el traslado y la liberación; d) Detalles de la notificación de cada ingreso y traslado o liberación del menor a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el momento de ser internado”. Es por ello que este Tribunal considera que el Estado deberá presentar, en su primer informe sobre las medidas provisionales adoptadas […], la lista de todos los adolescentes internos en el “Complexo do Tatuapé”, quienes son beneficiarios de las presentes medidas provisionales. Para esto, es indispensable que el Estado presente […] una lista actualizada de todos los jóvenes que residan en dicho centro, de los que sean puestos en libertad y de los que ingresen al mismo, e indique el número, nombre y edad de los niños y adolescentes procesados y de aquellos cuya situación legal ya ha sido resuelta por el Poder Judicial, y que, además, informe si estos últimos se encuentran ubicados físicamente en diferentes sectores.
Asunto del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II respecto Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, considerando. Que en su obligación internacional de garantizar a toda persona el pleno ejercicio de los derechos humanos, el Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas como las que motivan estas medidas provisionales.
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela
Sentencia de 5 de julio de 2006
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Derechos del interno; garantías judiciales e integridad personal
Caso Servellón García y Otroscontra. Honduras
Sentencia 21 de Septiembre de 2006 Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Caso del Penal Miguel Castro Castro contra. Perú
Sentencia de 25 de noviembre de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ; derechos de los internos: integridad de vida
Asunto Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental: Cárcel de Uribana respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero de 2007. Requerir al Estado que, además de las medidas de implementación inmediata ordenadas en el punto resolutivo anterior, adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, en particular: […] d) separar a los internos hombres de las internas mujeres.
Caso Boyce y otros contra Barbados
Sentencia de 20 de noviembre 2007
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; debido proceso
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra.  Ecuador
Sentencia 21 de noviembre de 2007
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Debido proceso y garantías judiciales
Caso Yvon Neptune contra. Haití
Sentencia de 6 mayo de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Debido proceso; garantías judiciales; integridad personal
Caso Bayarri contra Argentina
Sentencia de 30 de octubre de 2008
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Garantías judiciales, protección judicial y derecho a la libertad personal
Caso Barreto Leiva contra Venezuela
Sentencia de 17 de noviembre de 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Garantías judiciales, protección judicial; derecho a la libertad personal
Caso Usón Ramírez contra Venezuela
Sentencia de 20 de noviembre de 2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Libertad de pensamiento y expresión; Derecho a la libertad personal; Garantías judiciales; Protección judicial; Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno
Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010.  Este Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. El Principio del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión determina que “[s]e ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos”. La atención por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia en contra de la tortura y malos tratos, físicos o mentales, de las personas privadas de libertad. De otra parte, la falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos.
Caso Cabrera García Y Montiel Flores contra.  México
Sentencia de 26 de noviembre de 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Garantías judiciales, protección judicial; derecho a la libertad personal

Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 19 de mayo de 2011. El Tribunal observa que, en este caso, el Estado no brindó atención médica adecuada y oportuna al señor Pedro Miguel Vera Vera. Lo anterior, puesto que éste fue dado de alta luego de su primer internamiento en el Hospital de Santo Domingo de los Colorados sin que se hubiesen realizado los exámenes o diagnósticos pertinentes en atención a las lesiones que presentaba […]; cuando estuvo detenido en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo, el Estado no dispuso inmediatamente el traslado del señor Vera Vera a un hospital que contara con las facilidades para atender sus necesidades de salud sino que se le mantuvo en ese lugar hasta que las complicaciones de su herida fueron evidentes […]; cuando se le trasladó por segunda vez al Hospital de Santo Domingo de los Colorados el señor Vera Vera no fue intervenido quirúrgicamente ni se adoptaron otras medidas apropiadas para atender su grave estado de salud, lo cual le provocó un deterioro físico mayor […]. Posteriormente, en el hospital Eugenio Espejo de Quito ya no se pudo salvar la vida del señor Vera Vera dado que su condición de salud era ya muy delicada. En definitiva, la intervención quirúrgica que requería el señor Vera Vera no se realizó sino hasta diez días después de que recibió un impacto de bala y fue detenido, no obstante, su grave estado de salud […]. Además, la atención médica brindada por el Estado fue impulsada por la señora Vera Valdez en reiteradas ocasiones […]. Para la Corte, la serie de omisiones en que incurrió el Estado a través de sus agentes a lo largo del tiempo en que Pedro Miguel Vera Vera estuvo bajo su custodia constituyó negligencia médica que resultó en su muerte, lo cual compromete su responsabilidad internacional.
Caso Bueno Alvez contra Argentina

Sentencia de 05 de julio de 2011 (Supervisión de cumplimiento de sentencia) Derecho al debido proceso, tortura, tratos inhumanos y degradantes 
Caso Torres Millacura Y Otros contra.  Argentina
Sentencia de 26 de agosto de 2011
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; debido proceso
Caso Fleury contra Haiti
Sentencia de 23 de noviembre de 2011
(Fondo y Reparaciones)
Detención ilegal; Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes;

Violación a la integridad personal de familiares; Debido proceso
Caso Pacheco Teruel Y Otros contraHonduras
Sentencia de 27 de abril de 2012
(Fondo, Reparaciones y Costas)
Prohibición de cualquier forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; garantías judiciales; derecho a la vida
Caso Díaz Peña contra.  Venezuela
Sentencia de 26 de junio de 2012
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
Atención médica necesaria, adecuada, digna y oportuna
Asunto Centro Penitenciario de la Región Andina respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de septiembre de 2012. En el contexto de las presentes medidas provisionales, la Corte considera oportuno enfatizar la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres privadas de libertad embarazadas y en lactancia durante su detención. Asimismo, es deber del Estado proteger a las mujeres contra toda forma de discriminación y violencia, más aún cuando se encuentran bajo la custodia estatal, razón por la cual deben estar separadas de los hombres y ser vigiladas por personal femenino.
Caso Vélez Loor contra Panamá

Sentencia de 13 de febrero de 2013 (Supervisión de sentencia) Derecho al debido proceso, condiciones de higiene en las cárceles
Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de 2013. De conformidad con la normativa internacional, el Estado debe asegurarse que las medidas de seguridad adoptadas en los centros penales incluyan el entrenamiento adecuado del personal penitenciario que presta la seguridad en el penal y la efectividad de dichos mecanismos para prevenir la violencia intracarcelaria, tales como la posibilidad de reaccionar ante hechos de violencia o de emergencia al interior de los pabellones. El Estado debe asegurarse que las requisas sean correcta y periódicamente realizadas, destinadas a la prevención de la violencia y la eliminación del riesgo, en función de un adecuado y efectivo control al interior de los pabellones por parte de la guardia penitenciaria, y que los resultados de estas requisas sean debida y oportunamente comunicados a las autoridades competentes.
Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013.  Así, la Corte recuerda que, frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia, más aún si se trata de niños. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Caso García Asto y Ramírez contra Perú
 
Sentencia 26 de noviembre de 2013
(Supervisión de cumplimiento sentencia)
Derecho al debido proceso, a la vida e integridad personal en cárceles y libertad de expresión
Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de noviembre de 2013.  Esta Corte ha considerado que el artículo 5.4 de la Convención Americana impone a los Estados la obligación de establecer un sistema de clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios, de manera que se garantice que los procesados sean separados de los condenados y que reciban un tratamiento adecuado a su condición de persona no condenada. Estas garantías pueden ser entendidas como corolario del derecho de una persona procesada a que se presuma.
Corte IDH. Asunto del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2014. El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de las mismas. En este sentido, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario. Además, dadas las características de los centros de detención, el Estado debe proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los privados de libertad.
Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 27 de agosto de 2014. La Corte constató la existencia de una situación de riesgo contra la vida de Eduardo Landaeta, así como el conocimiento de las autoridades estatales de un riesgo real e inminente en su perjuicio, mismo que se materializó en la privación de su vida. Dicho riesgo provenía de los propios agentes estatales, pertenecientes a la entidad que estaba a cargo de su custodia. Asimismo, esta Corte considera que existieron una serie de elementos concatenados que configuran un incumplimiento por parte del Estado a su deber de respeto y garantía a favor de Eduardo Landaeta, a saber: la referida problemática de abusos policiales en dicha época; las amenazas señaladas; la proximidad de la muerte de su hermano Igmar Landaeta, atribuible a agentes del mismo cuerpo policial; su detención ilegal y arbitraria en los términos descritos; la falta de protección especial en razón de su condición de menor de edad, así como del riesgo en el que se encontraba, siendo objeto de dos traslados sin ser puesto bajo control judicial ni autoridad competente de menores de edad por un tiempo prolongado; la falta de protección frente a los propios agentes implicados, el incumplimiento en su deber de custodia, así como todos los indicios que permiten inferir la responsabilidad directa de los agentes que lo trasladaban. En razón de ello, la Corte considera que el Estado es responsable por la privación arbitraria de la vida de Eduardo Landaeta, en incumplimiento de su deber de respeto y garantía del derecho a la vida de personas bajo su custodia, dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y el 19 del mismo instrumento.
Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. La Corte ha señalado que, en casos donde las víctimas alegan haber sido torturados estando bajo la custodia del Estado, éste es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que siempre que una persona es privada de la libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación. En consecuencia, existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.
Caso Miguel Castro contra Perú

Sentencia de 17 de abril de 2015
(Supervisión de cumplimiento sentencia)
Derecho a la vida e integridad personal en las cárceles, derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad
Caso De la Cruz Flores contra Perú

Sentencia de 02 de septiembre de 2015
(supervisión de cumplimiento de sentencia)
Derecho a la integridad personal, garantías procesales y judiciales 
Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. La situación diferenciada bajo la cual se presta el servicio militar conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una privación de libertad, pero una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen.
Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.  Sentencia de 29 de febrero de 2016.  El Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre . En tal sentido, en relación con las personas que han sido privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia. Lo anterior, como resultado de la interacción especial de sujeción entre persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al privado de libertad se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna , en los términos que sean posibles en esas circunstancias.
Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de octubre de 2016. Serie C No. 319.  La Corte ha establecido que, de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, el Estado debe garantizar a toda persona privada de libertad el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, en razón de la posición especial de garante en que se encuentra. Es deber del Estado salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos, brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, así como garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. La incomunicación debe ser excepcional, dado que el aislamiento del mundo exterior puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral y perturbaciones psíquicas para el detenido y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. El aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a contactar a sus familiares.

Asunto de        los        Niños   y          Adolescentes   Privados           de        Libertad            en         el            "Complexo       do        Tatuapé”           da        FEBEM            respecto           Brasil.